FALLO CLAVE
Suspensión de la reforma laboral: la Justicia frenó artículos clave y Comercio celebra un alivio sindical
Una cautelar del Juzgado Federal de San Martín deja sin efecto por seis meses cambios en la ley de modernización laboral y resguarda convenios y aportes del sector mercantil.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) informó que el Juzgado Federal N°2 de San Martín dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N°27.802, en una resolución que impacta de lleno en el sistema de relaciones laborales del sector.
El fallo, con una vigencia inicial de seis meses, garantiza la continuidad y plena validez de los convenios colectivos firmados por el gremio, incluido el CCT 130/75, y deja sin efecto modificaciones que limitaban la ultraactividad de los acuerdos laborales y establecían nuevos topes a los aportes sindicales.
De esta manera, la Justicia ordenó al Estado Nacional abstenerse de aplicar esos cambios, lo que implica que las empresas deberán continuar con la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, consideradas fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales.
Desde el sindicato señalaron que la medida evita un escenario de desfinanciamiento que podría haber afectado la estructura operativa de los gremios, así como la prestación de servicios esenciales como la cobertura de salud, capacitaciones y beneficios sociales brindados a los trabajadores a través de la obra social OSECAC.
En ese contexto, el secretario general del gremio, Armando Cavalieri, celebró la decisión judicial y sostuvo que “este fallo es un acto de justicia que defiende la dignidad de los trabajadores mercantiles y nuestra autonomía para negociar”. Además, advirtió que “no vamos a permitir que, bajo la excusa de una modernización, se intente asfixiar a los sindicatos y recortar derechos históricos”.
La resolución reabre el debate sobre el alcance de la reforma laboral impulsada a nivel nacional y marca un precedente en la disputa entre el Gobierno y los gremios por el financiamiento sindical y la vigencia de los convenios colectivos en la Argentina.
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